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27.12.10

“Vemos que hay una gran demora en Casación para confirmar los fallos”


(Tiempo Argentino) En 18 juicios orales en todo el país, este año hubo 111 condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Destacaron la concentración de las causas y advirtieron una deuda en cuanto a fallos firmes.

En 18 juicios orales en todo el país, este año hubo 111 condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Destacaron la concentración de las causas y advirtieron una deuda en cuanto a fallos firmes.
Este es el año de los juicios”, repiten Jorge Auat y Pablo Parenti, fiscal general y coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Las cifras de 2010 no dejan lugar a dudas: este año hubo 111 condenados por delitos de lesa humanidad en 18 juicios orales que se realizaron en todo el país, un número que supera incluso al acumulado desde la reapertura de los juicios hasta 2009, lapso en el que 98 represores fueron encontrados culpables. Además, casi 170 represores fueron o comenzaron a ser juzgados en 2010, en contraposición con los 36 del año pasado.
Entre los logros desde la reapertura de los juicios destacan haber conseguido una política de concentración de causas, que ha llevado a realizar en muchas ocasiones juicios por centro clandestino de detención y no por un número reducido de víctimas e imputados. Sin embargo, Auat y Parenti destacaron que hay una deuda muy grande en cuanto a las condenas firmes: de los casi 200 condenados desde 2006, sólo cinco sentencias (que involucran a 14 represores, entre ellos Christian Von Wernich, Miguel Etchecolatz y Julio Simón) quedaron firmes con fallos de la Cámara de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia. “Vemos una gran demora en la Cámara de Casación para confirmar la condena o la absolución”, señaló Parenti.
Consultados por las razones de las cifras récord en condenas y juicios orales, los fiscales se remontan a las tareas que comenzaron a diagramar cuando se le dio forma a la Unidad de Coordinación y Seguimiento, en marzo de 2007.

Jorge Auat: –Hay un trabajo previo que es modificar las estrategias de investigación. Cuando nos hicimos cargo teníamos un escenario diferente, con causas dispersas, atomizadas, con provincias que no habían arrancado con los juicios. Esto lo fuimos modificando a partir de definir estrategias de investigación, y después trasladamos al juez proyectos y propuestas para concentrar las causas. Pasar de la atomización a la concentración. Esto tenía a su vez ventajas adicionales: por un lado lo que se ve ahora, que la concentración de causas produce un resultado en el tiempo de causas con mayor cantidad de imputados y condenados. Las otras ventajas tienen que ver con otros intereses, como la protección de testigos, que no tengan que declarar varias veces, potenciando sus riesgos y el efecto traumatizante, la revictimización de relatar permanentemente el horror. La medida también apuntó a la avanzada edad de los imputados y las víctimas, porque la atomización llevaba a instalar la impunidad por otros medios. Lo que antes era un trabajo normativo con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, luego por malas estrategias de investigación también se llegaba a la impunidad.
Pablo Parenti: Cuando nos avocamos al tema vimos tres tipos de situaciones. Los casos avanzados, causas que tenían pocos imputados y hechos, pero era importante ponerlos primero. Esos los impulsamos rápidamente a juicio y abrieron el camino: Christian Von Wernich, Miguel Etchecolatz, Julio Simón y las causas Vargas Agniasse en Tucumán (por el cual condenaron a Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez) y Brandalisis en Córdoba (en la que Menéndez también fue condenado). Después un segundo segmento que eran una gran cantidad de hechos e imputados que eran fácilmente procesables porque ya había pruebas a disposición y donde aplicamos la concentración de causas. Un tercer segmento que hay que investigar y hay que esclarecer.
–¿Por qué han definido que este es el año de los juicios?
PP: –Es el primer año que se pudo concretar una cantidad importante de juicios en varias partes del país. El año pasado se juzgaron a 36 personas; y este, a 170. Cinco veces más. A esto se suma que hay juicios muy grandes por hacer todavía, como el de Bahía Blanca, y otros que comenzaron y que el año que viene van a tener sentencia, como el de Mendoza, ESMA y Margarita Belén. Por lo que el año que viene también va a ser un año con juicios importantes.
JA: –Igualmente hay que destacar que hablamos de juicios en trámite. Pasaron por juicio oral, tuvieron sus condenas, pero no quedaron firmes. Faltan las instancias recursivas de las sentencias, lo que significa que va a pasar un tiempo prolongado hasta tener sentencias firmes sobre estas nuevas condenas.
PP: –Desde la reapertura de los juicios, sobre todas las sentencias que se lograron sólo cinco quedaron firmes en la Corte Suprema de Justicia o la Cámara de Casación Penal. Así que la gran mayoría técnicamente todavía están con prisión preventiva, en etapa de proceso, con una condena no firme. Vemos una gran demora en la Cámara de Casación para confirmar la condena o la absolución.
JA: –Estamos en una etapa auspiciosa en comparación con las etapas anteriores. Pero tenemos que mirar esto con el cuidado y la mesura que las circunstancias exigen, porque todavía estamos en presencia de procesos en trámite.
–¿Cuáles creen que han sido los logros que posibilitaron estos avances en todas las etapas judiciales?
JA: –La concentración fue una herramienta para conseguir los logros, era la primera estrategia que entendíamos como válida para avanzar en los procesos. Aunque se puede pensar que es un logro el haber obtenido que el sistema judicial coincidiera con nosotros en la estrategia. Nosotros no descubrimos nada, está en los códigos: si tengo un centro clandestino de detención y hay diez víctimas y cuatro imputados, se entiende que la causa es una sola y no diez causas distintas por cada víctima. Con la concentración logramos un reflejo mucho más cabal de lo que ocurrió durante la dictadura, porque investigar un centro clandestino describe mucho mejor la realidad, se comparece con el horror vivido. Si la causa se atomiza, se presenta lo sucedido en pequeñas dosis.
PP: –La concentración de causas nos permite valorar la gravedad de los hechos: no es lo mismo juzgar un hecho donde un autor actúa con total impunidad, con una estructura que está a su servicio, que juzgarlo como una cuestión que pasó entre dos personas. Otro logro es que a partir del trabajo de seguimiento y los informes que fuimos sacando, los actores de cada lugar percibieron que había una mirada nacional de todos los procesos y eso cambió el escenario local. Los querellantes y fiscales locales están más fuertes frente al juez, porque saben que hay un ministerio público que mira todo el país. Eso refuerza mucho. 
–¿Qué elementos ven como deudas de este proceso?
JA: –El tema de las sentencias que no están firmes lo vemos como una deuda. Si bien es parte del trámite, vemos con preocupación el hecho de que una sentencia no quede firme. Hay que terminar los procesos.
PP: –La acumulación y concentración de las investigaciones es algo que se logró parcialmente. En muchos lugares falta hacerlo, y muchas veces sólo queda en una declamación, ya que hay jueces que el trámite real del proceso lo trabajan parcialmente. Por otro lado, es importante que en todos aquellos casos que hay pruebas se avance lo más rápidamente para que no haya demoras en los juicios y que aquellos casos, que se eleven a juicio se hagan rápidamente, ya que vemos que en algunos lugares cuesta, generalmente por falta de jueces.

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